La Audiencia solicita al Poder Judicial regular la mediación penal al probar que es eficaz.
La alta eficacia que está registrando el proyecto piloto de mediación penal puesto en marcha el pasado mes de septiembre por la Audiencia Provincial de Alicante ha cargado de razones al presidente de este tribunal, Vicente Magro, para remitir al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), entre finales de este año y el próximo enero, un informe en el que solicitará «una regulación legal» y la extensión de este novedoso procedimiento.
Hasta ahora, la mediación penal reparadora, una iniciativa del CGPJ que trata básicamente de que los delincuentes primerizos asuman el daño que han provocado para no reincidir y pidan perdón a sus víctimas, se está realizando merced a un protocolo de actuación desarrollado por la Audiencia Provincial, en colaboración con la Diputación y la Conselleria de Justicia. En Alicante ha captado sus primeros casos a través del juzgado de lo Penal número 2 de Benalúa.
Este programa pionero, que también está funcionando en otras siete ciudades españolas, no se aplica en los juicios por delitos sexuales y en los de violencia de género «por entender que la única respuesta en estos casos es la privativa de libertad, excluyendo cualquier tipo de mediación, y que el agresor cumpla pena», precisa Vicente Magro.
Los doce casos en los que hasta ahora se ha probado la mediación, de los que ha habido acuerdo en un 70 por ciento, han sido por delitos de carácter leve, como los de lesiones, hurtos, robos sin violencia o intimidación, violencia doméstica - peleas entre hermanos o entre hijos mayores y padres, por ejemplo - , injurias y calumnias, impago de pensiones, estafa, amenazas y coacciones, y contra la seguridad del tráfico cuando existen víctimas - excluidos, claro está, aquellos con resultado de muerte - , entre otros.
El presidente de la Audiencia de Alicante destacó que, a la vista de su buena marcha, este proyecto «necesita una regulación legal para disciplinar cómo se tiene que hacer». Mientras tanto, el protocolo vigente establece que sea el titular del juzgado de lo Penal número 2 de Alicante, Miguel Herrero, quien seleccione los casos que considere susceptibles de ser objeto de mediación y remita los expedientes a la Oficina de Medidas Alternativas a la Prisión (OJCI) de la Audiencia. Llegados a este punto, «se cita primero a las dos partes por separado y, si acuden, se intenta la conciliación», explicó a este diario Magro, quien hizo especial hincapié en que la mediación «no garantiza al acusado ningún beneficio penal, pero sí se le dice que el fiscal, en su caso, podría valorar su petición de perdón».
De ser positivo el resultado de las entrevistas individualizadas, el equipo mediador procura entonces acercar las posturas de las partes y, si éstas consienten y se cree conveniente, se las reúne para un encuentro dialogado.
Cuando hay entendimiento, éste se plasma en un documento y se señala el juicio, aunque será de conformidad, al haber admitido el acusado su culpa, y no será necesario citar ni a la víctima ni a los eventuales testigos.
Si la víctima queda satisfecha con la disculpa de su agresor y se le asegura el pago de los daños sufridos - a salvo de que renuncie voluntariamente al mismo - , el fiscal puede aplicar al inculpado este atenuante y pedirle, si así lo considera, la pena mínima.
En el supuesto de que no haya acuerdo - ambas partes tienen total libertad para aceptarlo o no - el conflicto se resolverá por los trámites procesales habituales.
En cualquier caso, la decisión final sobre la condena estará siempre en manos del juez.
«Se trata de implicar a la víctima en el proceso y protegerla», indicó Magro, quien recordó que las personas perjudicadas «son consideradas en los juicios como meros testigos, lo que hace que muchas tengan una percepción negativa de la Justicia».
La mediación penal fue uno de los puntos que se abordaron en las conclusiones del Congreso de Criminología y Derecho Penal celebrado días atrás en Alicante, donde se abogó por su extensión a otros juzgados. En este sentido, el presidente de la Audiencia de Alicante apuntó que podría incluirse dentro de un paquete de iniciativas para conseguir «una auténtica Ley Integral de la Víctima». Esta medida, según Magro, contribuiría, junto a otras ya adoptadas por la Audiencia, como los juicios por videoconferencia, a reducir el número de vistas que se suspenden al negarse los afectados a comparecer para evitar ver al acusado, algo que ocurre «en un elevado 20 por ciento de casos». «Hay que proteger a las víctimas; cuando rechazan ir a juicio, no es plan mandar a la Guardia Civil a por ellas», dice.
(Fuente: diarioinformacion.com)
Hasta ahora, la mediación penal reparadora, una iniciativa del CGPJ que trata básicamente de que los delincuentes primerizos asuman el daño que han provocado para no reincidir y pidan perdón a sus víctimas, se está realizando merced a un protocolo de actuación desarrollado por la Audiencia Provincial, en colaboración con la Diputación y la Conselleria de Justicia. En Alicante ha captado sus primeros casos a través del juzgado de lo Penal número 2 de Benalúa.
Este programa pionero, que también está funcionando en otras siete ciudades españolas, no se aplica en los juicios por delitos sexuales y en los de violencia de género «por entender que la única respuesta en estos casos es la privativa de libertad, excluyendo cualquier tipo de mediación, y que el agresor cumpla pena», precisa Vicente Magro.
Los doce casos en los que hasta ahora se ha probado la mediación, de los que ha habido acuerdo en un 70 por ciento, han sido por delitos de carácter leve, como los de lesiones, hurtos, robos sin violencia o intimidación, violencia doméstica - peleas entre hermanos o entre hijos mayores y padres, por ejemplo - , injurias y calumnias, impago de pensiones, estafa, amenazas y coacciones, y contra la seguridad del tráfico cuando existen víctimas - excluidos, claro está, aquellos con resultado de muerte - , entre otros.
El presidente de la Audiencia de Alicante destacó que, a la vista de su buena marcha, este proyecto «necesita una regulación legal para disciplinar cómo se tiene que hacer». Mientras tanto, el protocolo vigente establece que sea el titular del juzgado de lo Penal número 2 de Alicante, Miguel Herrero, quien seleccione los casos que considere susceptibles de ser objeto de mediación y remita los expedientes a la Oficina de Medidas Alternativas a la Prisión (OJCI) de la Audiencia. Llegados a este punto, «se cita primero a las dos partes por separado y, si acuden, se intenta la conciliación», explicó a este diario Magro, quien hizo especial hincapié en que la mediación «no garantiza al acusado ningún beneficio penal, pero sí se le dice que el fiscal, en su caso, podría valorar su petición de perdón».
De ser positivo el resultado de las entrevistas individualizadas, el equipo mediador procura entonces acercar las posturas de las partes y, si éstas consienten y se cree conveniente, se las reúne para un encuentro dialogado.
Cuando hay entendimiento, éste se plasma en un documento y se señala el juicio, aunque será de conformidad, al haber admitido el acusado su culpa, y no será necesario citar ni a la víctima ni a los eventuales testigos.
Si la víctima queda satisfecha con la disculpa de su agresor y se le asegura el pago de los daños sufridos - a salvo de que renuncie voluntariamente al mismo - , el fiscal puede aplicar al inculpado este atenuante y pedirle, si así lo considera, la pena mínima.
En el supuesto de que no haya acuerdo - ambas partes tienen total libertad para aceptarlo o no - el conflicto se resolverá por los trámites procesales habituales.
En cualquier caso, la decisión final sobre la condena estará siempre en manos del juez.
«Se trata de implicar a la víctima en el proceso y protegerla», indicó Magro, quien recordó que las personas perjudicadas «son consideradas en los juicios como meros testigos, lo que hace que muchas tengan una percepción negativa de la Justicia».
La mediación penal fue uno de los puntos que se abordaron en las conclusiones del Congreso de Criminología y Derecho Penal celebrado días atrás en Alicante, donde se abogó por su extensión a otros juzgados. En este sentido, el presidente de la Audiencia de Alicante apuntó que podría incluirse dentro de un paquete de iniciativas para conseguir «una auténtica Ley Integral de la Víctima». Esta medida, según Magro, contribuiría, junto a otras ya adoptadas por la Audiencia, como los juicios por videoconferencia, a reducir el número de vistas que se suspenden al negarse los afectados a comparecer para evitar ver al acusado, algo que ocurre «en un elevado 20 por ciento de casos». «Hay que proteger a las víctimas; cuando rechazan ir a juicio, no es plan mandar a la Guardia Civil a por ellas», dice.
(Fuente: diarioinformacion.com)
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