0414 Tucumán - Argentina - Mediación Penal

Mediación penal como alternativa a las detenciones

Destacan que debe reinsertarse al que delinquió.

La posibilidad de implementar la mediación penal como una reformulación del esquema tradicional de castigo por delitos y contravenciones, fue defendida ayer por la doctora en Jurisprudencia, Gladys Alvarez. De este modo, en vez de purgar con detención y cárcel la sanción, se potencia la reinserción de quien delinquió en la sociedad.
“Es un nuevo paradigma en la Justicia penal, en donde aparece la idea restaurativa. Quien causa en una actitud dañosa hacia otro ciudadano tiene que tener un espacio para reparar el daño causado a la víctima particular y al tejido social. Hay que tomar esta mediación con mucho cuidado y mucha seriedad, y con la juventud”, puntualizó la experta, quien disertó ayer en Tucumán, en la presentación del libro “Métodos alternativos de resolución de conflictos”, escrito por la directora del Centro de Mediación de la Justicia de Tucumán, doctora Ingrid Weyrauch, y por la contadora María Elvira Farall.
En una entrevista con LA GACETA, Alvarez dijo que cualquier clase de aplicación de la mediación penal obliga a un cambio de mentalidad que debe comenzar por las contravenciones y marchar despacio.

- ¿Hay experiencia nacional en esta materia?
- Chaco, Río Negro y Buenos Aires son las tres provincias que tienen mediación penal. Se deben hacer las cosas bien, con la participación de las organizaciones sociales que se deben comprometer con este proyecto.

- ¿El Estado queda de lado?
- No, el Estado seguirá teniendo su rol, pero aparece el rol de la víctima frente al victimario y, sobre todo, el de la sociedad, que debe entender y participar de esta reforma, abriendo bocas por donde el ofensor pueda reparar el daño, en vez de sólo llenar las cárceles.

- ¿Se debe empezar por los delitos penales de menor cuantía, como los hurtos?
- Hay que empezar con los más simples, porque requiere de mucha experiencia del mediador. Es una recomendación de la Unión Europea a sus países. Se puede mediar antes de que se inicie la acción penal, durante el proceso y hasta después de dictada la condena y abarca hasta homicidios. Canadá, Estados Unidos, Noruega, Holanda y Bélgica están a la cabeza del tema.

- ¿La principal deuda es facilitar el acceso de la gente a la Justicia?
- Efectivamente, es una gran deuda en Argentina y en Latinoamérica. Es uno de los derechos humanos fundamentales, porque hace a la vida de los ciudadanos y a la Nación. Un país que no tiene vías de acceso a Justicia adecuadas no puede llamarse democrático ni la sociedad tiene un régimen social justo. La II Conferencia Nacional de Jueces, que sesionó en Salta, la declaró como una política de Estado.

- ¿En qué consiste este tema?
- Estamos transitando un cambio en la administración sobre este asunto. Tradicionalmente se lo pensaba en el marco de dotar a los ciudadanos de patrocinio gratuito y armar una defensa pública fuerte para que pudieran llegar al juicio. En cambio, ahora se lo ve como la protección del Estado y la tutela de sus derechos por formas que no sean judiciales. Por eso es importante la mediación y las alternativas de resolución de conflictos, en el concepto de Justicia no formal.

- ¿Qué opina de las Casas de Justicia, como espacios de tratamiento de casos de disputa?
- Deben estar dentro de la órbita del Poder Judicial, como la implementamos en Río Negro mediante un convenio desde la fundación Libra. Así lo pensamos desde 1996 con la vocal de la Corte Suprema, Elena Highton de Nolasco. Se insertan en los lugares alejados de las sedes judiciales y le dan al ciudadano información sobre sus derechos y sobre los pleitos; asisten a las víctimas; realizan mediaciones y se ofrece facilitación en conflictos para tratar de resolverlos o manejarlos adecuadamente. Si no hay solución, se podría crear la figura del juez itinerante para que una vez cada quince días se constituya en los lugares alejados y resuelva los casos más importantes.

- En Tafí Viejo funcionó una sede hasta el año pasado.
- No quisimos participar, porque era un proyecto desde el Ministerio de Justicia de la Nación, con un crédito del Banco Mundial, y no desde el Poder Judicial, como es nuestro diseño. No lo vimos sustentable en el tiempo, y es lo que pasó.
(Fuente: lagaceta.com)